INE multa a PAN por aportación ilícita a precampaña de Anaya

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CIUDAD DE MÉXICO. (Excélsior).-El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) multó al Partido Acción Nacional (PAN) con 3 millones de pesos, debido a que la precampaña de Ricardo Anaya recibió 1.5 millones de pesos de una empresa, lo que está prohibido por la ley.

La Unidad de Fiscalización del Instituto acreditó que tres personas físicas depositaron a las cuentas de la campaña 500 mil pesos cada una, pero, antes, en sus cuentas personales, habían recibido ese mismo dinero de la empresa Consultoría de Tecnologías de la Información Duart, SA de CV.

La empresa reportó a la Secretaría de Hacienda una facturación por 208 millones de pesos, pero con un domicilio fiscal falso.

“Lo que proponemos es sancionar por haber recibido aportaciones de un ente prohibido con 200% del monto involucrado; esto es una sanción al Partido Acción Nacional de tres millones de pesos”, aseveró el consejero Ciro Murayama.

Eduardo Aguilar, representante del PAN ante el INE, subrayó que todas las operaciones se realizaron por medio de instituciones financieras, que nunca quisieron ocultar nada ni utilizar efectivo para simular una operación ilícita.

“Todas las operaciones en donaciones están en el Sistema Financiero, se hicieron por cuentas bancarias, no hay efectivo ni simulaciones, no se tuvo el objetivo de ocultar nada, la precampaña recibió dinero de personas físicas”, defendió el panista.

DETERMINA QUE EL GOBIERNO DE CÉSAR DUARTE EN CHIHUAHUA, TRIANGULÓ RECURSOS AL PRI ESTATAL

El Consejo General del INE multó con 36 millones de pesos al PRI, debido a que acreditó que el gobierno de César Duarte Jáquez en Chihuahua retuvo del salario de sus trabajadores —y sin su consentimiento— 14.6 millones de pesos en 2015 para entregarlos en efectivo al PRI estatal.

En una investigación en la que participaron el INE, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se descubrió que a empleados con ingresos de entre seis mil y nueve mil pesos se les retenía 5% del salario; y a quienes ganaban más de nueve mil pesos, el 10 por ciento.

Luego, de una cuenta concentradora se enviaba el cheque al tesorero, quien ordenaba a dos empleados endosarlo para cobrarlo en efectivo; el dinero se entregaba al Servicio Panamericano de Protección para que lo entregara a la Secretaría de Hacienda de la entidad que, a su vez, se lo daba al secretario de Finanzas del PRI en Chihuahua.

Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalizacion del INE, explicó que, a pesar del complicado mecanismo que usaba el gobierno estatal para tratar de burlar a la autoridad, se logró descubrir la operación ilícita.

Murayama Rendón afirmó que “ningún trabajador público es empleado de fuerza política alguna. Conquistar el gobierno no implica poder imponer descuentos a los subordinados ni forzar adhesiones partidistas. Los trabajadores de los gobiernos son servidores públicos no base política ni militancia”.

Morelos Jaime Canseco, representante del PRI, lamentó los descuentos que se hicieron a los trabajadores, pero negó que ese dinero hubiera entrado a las arcas del PRI en Chihuahua. Dijo que no “había nada que pudiera acreditar” ese ilícito que beneficiara a su partido.

CASTIGAN A MORENA CON 197 MDP POR LA OPERACIÓN ILÍCITA DE UN FIDEICOMISO PARA DAMNIFICADOS POR LOS SISMOS

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE)multó con 197 millones de pesos al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) por la operación ilícita del Fideicomiso Por los Demás, creado para repartir apoyos a damnificados por los sismos, y en el que ingresaron  44 millones de pesos en efectivo; ambas conductas, al margen de la ley.

Así lo comentó Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, quien destacó que “incluso acudimos a los videos de las cajas bancarias donde se aprecia a un pequeño grupo de personas que se forman una y otra vez ingresando dinero en efectivo al fideicomiso. Fue una acción concatenada, orquestada, coordinada. Lo que esta autoridad no puede conocer es quién está detrás de esa suma de 44 millones de pesos en efectivo que recibió el fideicomiso”.

En total ingresaron 78.8 millones de pesos al fideicomiso, de los cuales 64.4 millones se dispersaron con cheques de caja a 56 militantes, trabajadores y candidatos del partido.

El INE no pudo acreditar que al fideicomiso entró dinero público, y al dispersarse los recursos en efectivo, la autoridad tampoco pudo seguir su huella y, por lo tanto, tampoco pudo determinar si ese dinero entró a las campañas.

“Como se puede ver, no se trata de una conducta irregular aislada, sino de toda una trama de financiamiento paralelo, se constituye una figura permitida: el fideicomiso, pero se incumple la obligación de informar a la autoridad el fin de este fideicomiso. Dar dinero a la población es ilegal para un partido; después se nutre de recursos, en su mayoría de procedencia prohibida, como es el de origen desconocido y de empresas; luego se saca el dinero en efectivo sin dejar huella, lo cual es contrario al manejo lícito de las finanzas partidistas.

“Estamos ante una conducta que tiene nombre: fraude a la ley y el fraude siempre implica dolo”, apuntó.

Los consejeros subrayaron que quedó acreditada la vinculación del partido Morena con la apertura y operación del fideicomiso.

Al respecto, el representante de Morena, Horacio Duarte, negó el ilícito y anunció que impugnarán la multa ante el Tribunal Electoral, al decir que “por eso sostenemos que vamos a ir a la vía jurisdiccional, a ejercer nuestro derecho, para demostrar y desmontar todas y cada una de las falacias que van a votar hoy, que no las pueden sostener, que esta sencillamente tocada con alfileres”.

Al defender a su partido, Duarte mencionó que todos los apoyos fueron entregados a damnificados, y mostró un documento con una lista de nombres presuntamente de los beneficiarios.

Los consejeros electorales votaron por mayoría de diez a uno multar a Morena y dar vista a diversas autoridades como Fepade, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como al SAT, por las irregularidades encontradas en el fideicomiso.

 


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