Mancera al Senado y el caso Narvarte al olvido

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Fotoperiodistas protestan por caso Narvarte en reapertura de la Línea 12

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Cuando Miguel Ángel Mancera era el jefe de Gobierno de la Ciudad de México prometió que “ninguna línea de investigación quedaría fuera” para resolver el multihomicidio ocurrido el 31 de julio de 2015 en la colonia Narvarte.

El entonces gobernante también dijo –tres días después de los asesinatos– que no se escatimarían esfuerzos para dar con el culpable, “sea quien sea”; además ofreció que se resolvería el crimen “lo antes posible” y que “no quedarían impunes” las ejecuciones de Rubén Espinosa –quien fue colaborador de Proceso–, Mile Virginia Martín, Alejandra Negrete, Yesenia Quiroz y Nadia Vera.

A prácticamente tres años del crimen que cimbró la capital del país, Mancera, tras un acuerdo político, está cerca de la próxima legislatura del Senado y el caso, en medio de la impunidad, lejos de resolverse.

Un año después del ataque, el jefe de Gobierno recibió en sus oficinas del Antiguo Palacio del Ayuntamiento a los familiares de las víctimas, a quienes les repitió las mismas promesas.

En junio de 2017, cuando la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió la Recomendación 4/2017 por las múltiples irregularidades cometidas en la investigación del Caso Narvarte, Mancera dijo que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX) la revisaría y haría lo pertinente conforme a la ley. También en esa ocasión dijo que no habría impunidad.

El martes 31 se cumplirán tres años de uno de los crímenes más violentos y de una de las investigaciones más desaseadas que marcaron a la administración mancerista, pues ninguno de los puntos de la recomendación ha sido cumplido totalmente, denuncian la propia CDHDF, abogados de las víctimas y familiares del fotoperiodista Rubén Espinosa.

La situación se agrava porque la procuraduría capitalina continúa dirigida por las mismas autoridades que mantienen empantanada la investigación, lo que, a su vez, ha degenerado en violaciones a los derechos humanos y en revictimizaciones.

Al igual que los deudos de Rubén, los de Alejandra, trabajadora del hogar; de Mile, modelo de nacionalidad colombiana; de Yesenia, maquillista, y de Nadia, activista y promotora cultura, siguen sin saber quiénes y por qué los asesinaron con saña.

Hasta ahora, los tres imputados, Daniel Pacheco, Abraham Torres y Omar Martínez, continúan en la zona Diamante del Centro de Readaptación Social Varonil de Santa Martha. Sólo Torres ha sido sentenciado a 315 años de cárcel, pero su abogado apeló; los defensores de las víctimas también recurrieron la sentencia porque el juez no ordenó la reparación del daño. ..