Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la secretaría de relaciones exteriores a llevar a cabo diversas acciones para defender a los connacionales ante las acciones ejecutivas antimigratorias emitidas por la administración del presidente

OAXACA0

pa accionesLa suscrita, diputada federal Natalia Karina Barón Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción II, y numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del Pleno de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de conformidad con las siguientes

Consideraciones

Con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, las medidas anti-migratorias adoptadas por su administración se han profundizado de manera muy preocupante. A través de la emisión de distintas “órdenes ejecutivas” y “memorandos”, la nueva administración federal avanza en sus planes para expulsar a miles de indocumentados de su país.

El pasado miércoles 25 de enero, el presidente Trump firmó dos órdenes ejecutivas –la primera sobre el control fronterizo; la segunda, relativa a la seguridad interna-, las cuales sin duda auguran tiempos oscuros para los migrantes en Estados Unidos, principalmente para los de origen mexicano, quienes ocupan el primer lugar en cuantía.

Entre otros aspectos, las medidas ordenan una “cacería” de inmigrantes indocumentados, fomentan las campañas de odio contra éstos e instituyen el arranque de las deportaciones masivas.

Las disposiciones contenidas en dichos ordenamientos legales convierten a los policías en agentes con facultades similares a las de la Oficina de Operaciones de Detención y Deportación (DRO, por sus siglas en inglés), del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), por lo que en los hechos, cualquier policía tendrá entonces la facultad de investigar, identificar y detener a los indocumentados.  

Con el pretexto de la “transparencia”, ambas órdenes ejecutivas plantean una serie de medidas que articulan una agresiva estrategia mediática que busca asociar la migración con la criminalidad, fomentando el odio y el miedo hacia los indocumentados, y que en los hechos debilita el discurso de las organizaciones que defienden los derechos de los migrantes.

La orden ejecutiva sobre seguridad interna estipula que las personas que ingresaron a Estados Unidos de manera ilegal o que permanecieron en su territorio después del vencimiento de su visa “representan una amenaza significativa para la seguridad nacional y para el orden público”.

Otra de las medidas que se incluyen es el anuncio del reclutamiento de 10 mil agentes adicionales en la Oficina de Operaciones de Detención y Deportación.

La orden ejecutiva establece las “prioridades” en materia de deportación de migrantes. Emplea fraseos ambiguos, que amplían la definición de “delincuentes” o “criminales” a personas que no fueron sentenciadas. De hecho, el presidente Donald Trump se ha referido a los “migrantes criminales” –un término inexistente en la Ley de Migración y Nacionalidad- y ha aseverado que se aplicará una política de cero tolerancia contra ellos.

Además de las personas condenadas, la prioridad abarcará a los “acusados” de un delito, a quienes “cometieron actos que constituyen un delito acusable” –es decir, una persona que, a consideración de una autoridad, violó una ley-, a los que mintieron ante una institución o a quien “abusó de cualquier programa relativo a la recepción de beneficios públicos”.

El presidente estadounidense ordenó también al Departamento de Seguridad Interna (DHS, por sus siglas en inglés) reclutar 5 mil agentes adicionales en la Patrulla Fronteriza y desplegarlos en su frontera sur. Trump acompañó su instrucción con la orden de construir “inmediatamente” centros de detención de migrantes en la zona fronteriza –sin precisar cuántos- para “repatriar a los migrantes ilegales de manera rápida, constante y humana” incluyendo a los niños.

Adicionalmente, el pasado 21 de febrero, el secretario del Departamento de Seguridad Interna, John Kelly, emitió dos memorándum que otorgan instrucciones más precisas para implementar las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Trump sobre seguridad fronteriza y aplicación de las leyes de inmigración, y a las cuales hicimos referencia arriba.

Con estas nuevas disposiciones, cualquier persona en Estados Unidos, sea ciudadano, residente legal permanente, turista, persona sin documentos, entre otros, puede ser detenido y cuestionado sobre su estado migratorio solo bajo la presunción de encontrarse en dicho país en violación a la Ley de Inmigración y Nacionalidad. En otras palabras, las órdenes ejecutivas legalizan el uso del perfil racial.

Adicionalmente, uno de los memorandos establece que todo extranjero indocumentado que haya entrado a través de un país vecino será expulsado a éste en espera de que se defina su proceso de deportación.

El memorándum restaura el controversial Programa Comunidades Seguras, que permite la colaboración de policías federales, estatales y locales para identificar en una base de datos biométricos a indocumentados que cometieron delitos y entregarlos a las autoridades migratorias. El programa fue cancelado en 2014 tras documentarse que afectó a miles de personas que no tenían en su haber delitos graves.

Además, el memorándum criminaliza a los padres de menores centroamericanos que cruzan la frontera y los considera sujetos inmediatos de deportación por el delito de tráfico de personas.

Las nuevas medidas promueven la inmediata deportación de personas que hayan sido convictas o acusadas de algún delito, sin importar de qué tipo. Incluyen también a quienes haya abusado de algún programa de beneficios públicos o que no hayan cumplido con las órdenes de abandonar el país.

A diferencia del gobierno de Barack Obama, que deportó a millones de personas con el pretexto de ir tras delincuentes convictos, el gobierno de Trump ha demostrado en los hechos que no solo irá por ese grupo, sino también contra aquellos con visas expiradas, reingreso o delitos menores.

Así, las redadas de inmigrantes indocumentados, las detenciones indiscriminadas y las deportaciones se han desatado ya en Estados Unidos.

Las nuevas disposiciones legales arriba referidas generan un clima de ansiedad e incertidumbre entre la comunidad mexicana que habita en aquel país.

El gobierno de Trump está cambiando en los hechos la definición de crimen: ahora se incluyen como criminales a los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos con visa de turista y que no abandonaron el país; a los que reingresaron ilegalmente; a los que tienen un reporte de violencia doméstica, entre otros.

Mediante operaciones recientes en varios estados de la Unión Americana se arrestó a más de 600 migrantes indocumentados. Aunque se dijo de manera oficial que se trató de “operativos rutinarios”, el efecto de miedo y zozobra se ha dejado sentir entre la población inmigrante.

Ante el clima de terror que supone el inicio de deportaciones masivas de mexicanos por parte del gobierno federal estadounidense, es urgente que el gobierno federal adopte una posición más firme y digna para defender el interés nacional ante las embestidas de la administración de Donald Trump.

Es preciso ir más allá de las declaraciones timoratas que han caracterizado el discurso oficial en México. Se trata de hacer frente con razones a la criminalización de la migración indocumentada, detener el clima de miedo y zozobra que se cierne sobre los connacionales, y exigir  un alto a las redadas y a la separación de familias de las y los mexicanos en Estados Unidos.

El Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, debe adoptar todas las medidas a su alcance para proteger a los connacionales de los efectos que conllevan la aplicación de la orden ejecutiva en materia migratoria y de seguridad fronteriza emitida por el presidente Donald Trump el pasado 25 de enero y los lineamientos emitidos por el secretario John Kelly el pasado 20 de febrero.

Por lo anteriormente citado, pongo a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, a cursar una nota diplomática al gobierno federal de Estados Unidos para protestar por las órdenes ejecutivas y memorandos emitidos en días pasados por el presidente Donald Trump y por el secretario del Departamento de Seguridad Interna, John Kelly, que criminalizan la migración indocumentada y autorizan las deportaciones masivas de migrantes indocumentados, debido a que incumplen los principios elementales del derecho internacional, violan los derechos humanos de las y los mexicanos residentes en aquella nación y constituyen medidas inamistosas y hostiles en contra de la dignidad de México.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso para que, con carácter de urgente, lleve a cabo las medidas administrativas necesarias para trasladar personal del Servicio Exterior Mexicano con experiencia en el ámbito de la protección consular hacia los consulados de México en Estados Unidos para que se incorporen a las labores de asesoría legal de las y los mexicanos que se encuentren en riesgo de ser deportados.

Tercero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, a utilizar parte de las reasignaciones de recursos por 1 mil millones de pesos, anunciadas por el titular del Ejecutivo Federal en semanas recientes, para destinarlas a la contratación de abogados y a la celebración de convenios de colaboración con despachos de expertos en el sistema jurídico estadounidense así como con organizaciones civiles y no gubernamentales, a fin de ampliar al máximo la prestación de servicios legales a los mexicanos afectados por las disposiciones migratorias incluidas en las órdenes ejecutivas y memorandos anti-migratorios emitidos por el gobierno federal de Estados Unidos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 02 de marzo del 2017

Suscribe

 

Dip. Natalia Karina Barón Ortiz