Aguascalientes, Ags. (Proceso).- El 24 de enero de 2023 la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF recogió a cuatro hermanos de casa de su abuela, donde vivían en el descuido y eran constantemente agredidos. Luego decidió separarlos y dejarlos en dos albergues diferentes. En ambos lugares, los cuatro fueron testigos de torturas, malos tratos, falta de comida o alimentos echados a perder, así como de fugas de otros adolescentes. También supieron de posibles abusos sexuales y consumo de sustancias nocivas.
La sentencia 353/2023-V, recién emitida el pasado 9 de noviembre, ordena a la directora del Sistema DIF, Rita Verónica Cruz Medina; a la actual procuradora, Luz Rosales; y a la gobernadora Teresa Jiménez, garantizar “un mayor compromiso en relación con la protección y defensa de las infancias”.
En los últimos meses, Quinto Elemento Lab reveló cómo el DIF en Aguascalientes y en otros ocho estados ha enviado a niños y adolescentes a centros de rehabilitación de adicciones para adultos, conocidos como anexos, incluso sin presentar consumo de sustancias.
También se han documentado fugas de adolescentes que acusan malas condiciones en las casas DIF o en albergues regulados por el estado.
La sentencia revela que a mediados de octubre, cuando el gobierno estatal ya había prometido no volver a hacerlo, una treintena de adolescentes fueron llevadas por el DIF Estatal a un anexo, donde permanecieron día y medio. La justificación fue que las llevaron ahí mientras acondicionaban otro lugar.
En medio del drama, las investigaciones han sido pocas y sólo una persona ha sido sancionada: Martha Patricia Chávez Díaz de León, exencargada de la Casa DIF, quien fue separada de su cargo en septiembre pasado. En tanto, Cruz Medina, la directora, no ha dado ninguna explicación pública sobre las múltiples acusaciones y deficiencias. Tampoco lo ha hecho Aurora Jiménez, presidenta honoraria del organismo y hermana de la gobernadora.
La fiscalía asegura que investiga, pero a diferencia de otros casos de relevancia política y social, éstos no han tenido prioridad. El fiscal, Jesús Figueroa Ortega, ha afirmado que las acusaciones de las y los adolescentes no muestran delitos graves. Peor no existe rastro de investigaciones en la Contraloría Estatal o en el Órgano Interno de Control del DIF.
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