San Raymundo Jalpan.- Según datos referidos por la consultora en análisis de riesgo Etellekt, entre enero y septiembre del 2019 Oaxaca registró 40 casos de violencia política por razón de género contra mujeres, escenario que abonó a que en el país aumentara hasta en un 276% la violencia contra las mujeres que buscan hacer valer sus derechos políticos.
En razón de lo anterior, la 64 Legislatura del Congreso oaxaqueño, en donde Morena ocupa la primera fuerza política, alistan junto a colectivos de la sociedad civil la armonización de la legislación federal en materia de violencia política por razón de género contra las mujeres en este estado.
En la reunión que integrantes de la LXIV Legislatura local tuvieron con el colectivo “Mujeres en Plural” se recogieron puntos de vistas de las integrantes de la sociedad civil para fortalecer esta legislación local, las y los Diputados locales coincidieron en la urgencia de fortalecer los marcos normativos en Oaxaca para garantizar una actuación pertinente y determinante por parte de las instituciones ante casos de violencia política contra las mujeres.
En este contexto, la Diputada Elisa Zepeda, quien también preside la Comisión de Justicia, dio a conocer que la iniciativa busca que se respete la integridad física, psíquica y moral de las mujeres; la dignidad inherente a su persona; la protección a su familia, así como el derecho a la igualdad de protección ante la ley.
“Es necesario que Oaxaca avance en materia legislativa que permita la sanción correcta a las agresiones por razón de género que sufren las mujeres al reclamar sus derechos políticos”, señaló la Diputada Elisa Zepeda Lagunas.
Según se establece en la propuesta de armonización, las medidas cautelares y de reparación, podrán ser ordenadas por infracciones que constituyan violencia política contra las mujeres en razón de género, son las siguientes: realizar análisis de riesgos y un plan de seguridad con la colaboración con instituciones especializadas; ordenar o solicitar el retiro inmediato de la campaña violenta contra la víctima, haciendo públicas las razones; cuando la conducta sea reiterada por lo menos en una ocasión, suspender los recursos asignados o gastos de campaña a la persona agresora; ordenar la suspensión o separación temporal del cargo, de la persona agresora, y cualquier otra requerida para la protección de la mujer víctima, o quien ella solicite y la autoridad considere necesario.
En la resolución de los procedimientos sancionadores, se consideraría la indemnización de la víctima; la restitución inmediata en el cargo al que fue obligada a renunciar por motivos de violencia; una disculpa pública, la cual debe considerar el mismo medio en que fue cometida la falta y medidas de no repetición.
Los Legisladores y Legisladoras enfatizaron en el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos, el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. Estos derechos son los que se busca garantizar mediante la presente iniciativa.
En cuanto a la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Oaxaca, se propone que el juicio podrá ser promovido por la ciudadana o el ciudadano cuando se considere que los actos o resoluciones del partido político al que está afiliado violan alguno de sus derechos político-electorales.
Por su parte, el coordinador del grupo parlamentario de Morena, el diputado Horacio Sosa, dejó claro que es necesario adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia” y en llevar a cabo lo siguiente: “abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación.
El también presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, señaló que es urgente modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer; y adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias.
La propuesta de la iniciativa surgió ya que el pasado 13 de abril, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Sistema de Medios de Impugnación en Materia electoral, la Ley General de Partidos Políticos, entre otras instancias, en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género.