El presidente Andrés Manuel López Obrador abrió el día de la comparecencia de Emilio Lozoya con una sentencia importante, porque define lo que será el juicio del exdirector de Pemex: atención, que no se quede en los tribunales, que haya un juicio popular contra la corrupción. Lozoya lo cerró: fui intimidado, presionado, me usaron como instrumento, y denunciaré a quienes lo hicieron. Al patíbulo con realidades y percepciones.
Para efectos jurídicos las cosas podrán ser diferentes, y Lozoya tendrá que probar sus dichos, pero para los fines políticos que se persigue, es irrelevante. Lozoya, chantajeado con su familia, presionado por su padre, regresó a México para ser juzgado y, eventualmente, como instrumento del gobierno en turno, liberado de culpa por su cooperación.
Como se publicó en este espacio hace dos semanas, Lozoya envió, por medio de su padre al fiscal Alejandro Gertz Manero, una declaración informal sobre la compra de la empresa de fertilizantes Agronitrogenados, por la cual es acusado de recibir dinero del presidente de Altos Hornos de México, propietaria de esa planta, Alonso Ancira, para venderla a sobreprecio. La audiencia del martes se programó para escuchar los alegatos de esta acusación, lo que es el inicio de lo que se espera un largo juicio, porque hay tantas personas a las que involucró Lozoya en su testimonio para comprar inmunidad, que legiones de abogados empezarán a responder en nombre de sus imputados.
La declaración informal, porque no estaba judicializada, contiene suposiciones de Lozoya sobre presuntas ilegalidades del expresidente Enrique Peña Nieto y del exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray. En ese documento los acusa de crear un “esquema de corrupción… en el cual el común denominador era el siguiente: todas las personas que de cierto modo apoyaron la campaña presidencial, tenían que ser remuneradas o compensadas”. El señalamiento es muy fuerte, pero, sin embargo, no lo sostiene.
Retomado en : https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/raymundo-riva-palacio/empieza-la-funcion