Ernesto Canales fue el primer fiscal anticorrupción en el país, en el gobierno de Jaime Rodríguez, en Nuevo León, sin que su gestión fuera exitosa. Sí le sirvió, empero, para que durante casi tres años la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México no procediera penalmente contra él por el presunto delito de fraude en contra de Paula Cusi, viuda de Emilio Azcárraga Milmo, por seis millones de dólares. Las autoridades capitalinas bloquearon la aplicación de la justicia por considerar que se confrontarían con Rodríguez. Ahora, el blindaje se acabó. El juez Vigésimo Cuarto Penal ordenó el 24 de junio a la Procuraduría que localice, aprehenda e ingrese a Canales al Reclusorio Oriente.

Durante todo este tiempo Canales, cuya oficina para el combate a la corrupción fue disuelta por la Fiscalía neoleonesa en marzo por su ineficiencia, se declaró inocente y el gobernador lo respaldó. Desde que se revelaron los detalles del caso en este espacio en marzo de 2016, Canales acusó a quien esto escribe de mentiroso y Rodríguez sugirió que se trataba de una ofensiva de sus adversarios que estaban siendo investigados por presuntos delitos de corrupción. La imputación significaba una contradicción en el ideario de Rodríguez, pero el gobernador optó por mantenerlo en su administración pese a la documentación del presunto delito.

La orden de aprehensión girada en su contra y que incluye a su exsocio César Francisco Méndez, tiene su origen en la denuncia que presentó la señora Cusi el 26 de marzo de 2012, por no haberle entregado seis millones de dólares, en ese entonces unos 64 millones de pesos, como contraprestación por la entrega del 16 por ciento de acciones de Televisa, de la sucesión testamentaria. Meses antes de que se revelaran los detalles del caso, en 2015, Canales buscó amparos para bloquear fallos del Ministerio Público que impidieran el esclarecimiento del caso. Dos años después un Tribunal Colegiado falló en su contra, pero aún al quedar al descubierto que había mentido, las autoridades capitalinas no actuaron. Tampoco hizo nada el gobernador Rodríguez, que había ganado la elección en Nuevo León con una sola promesa: combatir la corrupción.

Rodríguez reclutó a Canales como su zar anticorrupción pese a que el proceso en su contra estaba abierto y se defendía en los juzgados. El objetivo fundamental que Rodríguez puso en manos de Canales fue documentar actos de corrupción del gobernador Rodrigo Medina y ponerlo en la cárcel. El gobierno neoleonés investigó operaciones financieras y triangulaciones con empresas off shore, sin que jamás le pudieran probar nada ilícito. Paradójicamente, documentó la defensa de la señora Cusi, Canales se quedó con los seis millones de dólares mediante transferencias a empresas en el extranjero.

Apenas en junio pasado, Canales le concedió una entrevista al periódico El Occidental de Guadalajara, donde afirmó: “Como una humedad ha permeado la corrupción en toda la sociedad, y si la política es no perseguirla, ahora sí que el país está condenado a ocupar un lugar de los bajos del mundo, lo que impacta en el interior y en el exterior, porque es un enjambre… Por no perseguir los casos de corrupción hay impunidad. Lo que se trata en los juicios penales es castigar a los culpables, y si no hay juicios penales, menos hay culpables, a pesar de que el ojo de la sociedad dice que la corrupción está en todos lados”.

Canales no pudo probar en libertad su inocencia en la acusación de fraude en su contra, y tendrá que seguir el juicio en prisión. Aunque el delito por el que lo acusaron no es grave en el nuevo sistema penal acusatorio, en el viejo orden sí lo es, y al estar su caso radicado en el anterior sistema, tendrá que ir al reclusorio. En la entrevista, señaló: “La corrupción es un delito establecido en las leyes y se tiene que acabar con las mismas leyes, con el castigo al corrupto y que sirva al funcionario de ejemplo y de antídoto para evitar actos de corrupción”.

El ex zar anticorrupción deberá estar a la altura de sus palabras, pero el hecho en sí mismo deja abierta otra puerta, la forma de hacer política de Rodríguez, que lo mantuvo en el cargo pese a los señalamientos en su contra. Ahora pagará el costo político por defenderlo sin al menos haber explicado públicamente por qué, pese a la documentación en contra de su excolaborador, lo mantenía en el cargo. La experiencia vista a través de los ojos de Rodríguez es algo que los políticos no deben minimizar.

El expresidente Enrique Peña Nieto pagó muy caro su omisión al no actuar contra el exgobernador Javier Duarte, pese a las presiones internas y de su partido, convirtiéndose Veracruz en el catalizador de la corrupción en su gobierno. El presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha hecho de la lucha contra la corrupción una cruzada moral, debe aprender de esos casos, porque las quejas de corrupción en su gobierno empiezan a emerger. Como dijo Canales a El Occidental, “la corrupción no se acaba con actos de amor o de perdón”. López Obrador, más que nadie, no debe olvidarlo.

Nota: Rosario Robles refutó una mención en la columna de ayer, ‘Ya se fue Peña Nieto’, donde una persona escuchó una conversación de ella con el expresidente donde le reclamó que la estuviera dejando sola. Dijo que esa conversación no se refería a ella, “entre otras cosas porque no he tenido hasta ahora ningún problema”, sino porque le habían dado la espalda a José Narro y que él había dicho que no se metería en la elección interna del PRI.