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El vicepresidente del Senado de la Republica Salomón Jara Cruz hizo un llamado al Gobierno de Jalisco para que cumpla íntegramente las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de pobladores de las zonas aledañas al río Santiago.
Indicó que si bien el gobernador Enrique Alfaro Ramírez ha implementado acciones para recuperación de este afluente, la resolución 07/2020 de la CIDH señala que las plantas de tratamiento de aguas residuales que se construyen no son las idóneas porque no pueden tratar los residuos industriales que se descargan en el río.
“Repar el daño ambiental no solamente requiere de inmediatez sino de eficacia en el uso de recursos económicos, por lo que la opinión de expertos nacionales e internacionales deben ser tomados en cuenta”, añadió el legislador morenista.
Asimismo, continuó, las autoridades estatales y federales deben garantizar la atención médica inmediata y especializada a los pobladores de las comunidades El Salto, Juanacatlán y, en la localidad de Poncitlán, en San Pedro Itzicán, Chalpicote, Agua Caliente y Mezcala.
Jara Cruz dijo que el grado de contaminación del río Santiago se debe a las omisiones y complicidad de las autoridades de los gobiernos que durante más de 10 años permitieron que empresas vertieran sus desechos indiscriminadamente, situación que se repite a lo largo y ancho del país.
El también vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República recordó que un 70% de los lagos, lagunas, ríos, y otros cuerpos de agua en México están contaminados en distintos grados, y para enfrentar esta situación solo 34 de cada 100 municipios cuentan con el servicio de tratamiento de aguas residuales.
Ante esta situación, que debe considerarse de emergencia, el senador Jara Cruz anunció que presentará un punto de acuerdo para que la Secretaría de Hacienda apruebe una extensión presupuestal a la Comisión Nacional del Agua a fin de garantizar que la entidad cuente con el personal, la infraestructura y el equipamiento adecuado para garantizar la calidad de agua disponible en acuíferos superficiales y subterráneos.
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