Oaxaca de Juárez; 12 de abril de 2017. En el marco de la presente temporada vacacional, la Secretaría de Turismo de Oaxaca que encabeza Juan Carlos Rivera Castellanos, en coordinación con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), dio a conocer el Programa de Verificación y Vigilancia encaminado a proteger los derechos de los consumidores, y vigilar el cumplimiento de los prestadores de servicios turísticos.
Ante representantes de cámaras y asociaciones empresariales, y en compañía del Delegado Federal de la Secretaría de Economía, David Romero Villalobos, el funcionario estatal aseguró que de acuerdo con los lineamientos de la Profeco, la dependencia a su cargo dará correcta observación y vigilancia a proveedores y consumidores para brindar el mejor servicio.
En su oportunidad, la Delegada de la Profeco en Oaxaca, Rebeca Cervantes Navarro, expresó que la entidad oaxaqueña vive del turismo, por lo que esta dependencia tiene como objetivo fomentar las buenas relaciones con los prestadores de servicios, vigilando y proporcionando asesoría para brindar una atención de calidad y de manera equitativa.
Durante la presentación de estas acciones de verificación y vigilancia por parte de funcionarios de la Profeco, se aseguró que con su aplicación, se cumple con la misión de proteger los derechos humanos de los consumidores, evitando que se afecte su economía, seguridad, salud e incluso su vida, además de que se eliminan las distorsiones en el mercado como la competencia desleal entre empresas.
Asimismo, se informó que algunos de los elementos a verificar en establecimientos comerciales son: exhibir y respetar los precios de productos y tarifas de servicios; informar los precios y tarifas en montos totales a pagar, es decir, que incluyan impuestos y otros cargos aplicables.
De igual manera, respetar las promociones y ofertas anunciadas por los establecimientos; entregar factura, recibo o comprobante; proporcionar información clara y veraz, que no induzca a error o confusión sobre los cargos, términos, plazos, intereses y restricciones aplicables en la venta de productos o prestación de servicios; y negar o condicionar productos o servicios por razones de género, nacionalidad, étnicas, preferencia sexual, religiosas, entre otras particularidades.