Para garantizar el derecho a la igualdad entre gobernantes y gobernados, el coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) en la LXIII Legislatura, Juan Mendoza Reyes, presentó una iniciativa de ley para eliminar el fuero de los servidores públicos.
Desde la tribuna del Congreso del Estado, precisó que la propuesta consiste en efectuar una reforma a la Constitución Política de Oaxaca, en la que se privilegie al estado constitucional y democrático de derecho, que tiene como principios la igualdad y la protección de los derechos humanos.
En este sentido, sostuvo, ninguna persona puede tener privilegios por encima de otra, menos aún si forman parte del poder público o lo detentan.
La iniciativa, detalló, pugna por eliminar la declaración de procedencia y juicio político, con la derogación de las figuras antes citadas, “ningún servidor público contará con el privilegio de la inmunidad procesal o fuero, y se garantizará que, tanto gobernantes como gobernados, se encuentren en el mismo plano de igualdad jurídica”, recalcó.
Así también, la bancada presentó la iniciativa para la reglamentación del derecho del veto por parte del Ejecutivo, (artículo 53 de la Constitución de Oaxaca).
La iniciativa, apuntó, pretende que el veto sea regulado tomando como premisa fundamental los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, los cuales rigen el desempeño de la función pública que todo servido debe observar.
Asimismo, el diputado Fernando Huerta Cerecedo, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Ingresos del Estado para establecer estímulos fiscales del 100 por ciento en el Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, a las empresas que en su plantilla laboral contraten a jóvenes, personas adultas y personas discapacitadas.
“Con esta Iniciativa se apoyan a las empresas para que a pesar del incremento a la gasolina, sigan generando empleos”, concluyó.
Mendoza Reyes también se pronunció por la urgencia de que la Secretaría General de Gobierno brinde atención a los conflictos de gobernabilidad en la entidad, esto como parte del exhorto realizado por la Junta de Coordinación Política al Ejecutivo para que la Segego instale una mesa de negociación entre los pobladores de las comunidades de San Mateo del Mar y Santa María del Mar.