Voluntad política, imprescindible contra el robo de combustibles

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Al exponer el quebranto para las arcas públicas que supone el robo de combustibles, el secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Álvaro Vizcaíno, propuso instaurar la prisión preventiva para los acusados de sustraer hidrocarburos. Tal medida tendría la finalidad de evitar la llamada puerta giratoria, por la cual los presuntos delincuentes logran seguir su proceso en libertad bajo fianza y eventualmente libran todo cargo, lo cual se refleja en un dato preocupante: ninguna de las 219 personas detenidas por la Procuraduría General de la República por este delito ha recibido hasta ahora una sentencia definitiva.

La magnitud que en el presente sexenio ha alcanzado la sustracción de gasolina desde los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) es tal que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la sitúa en el equivalente a ocho de cada 100 litros de combustibles que produce la empresa productiva del Estado, volumen que se traduce en una pérdida económica de 30 mil millones de pesos al año. Para ilustrar las dimensiones del fenómeno, los 4 millones 137 mil 800 litros de hidrocarburos robados cada día de los ductos de la antes paraestatal podrían llenar un tanque de 40 litros a 103 mil 445 automóviles.

Reconocida la gravedad tanto del huachicoleo como de la impunidad en que permanecen quienes extraen y distribuyen el combustible de manera ilegal, es necesario puntualizar, primero, que el combate a este flagelo no requiere de un endurecimiento de las leyes, sino de una cabal aplicación de las ya existentes. En este sentido, debe recordarse que, incluso si el SNSP matizó que la adecuación sugerida tendría un carácter temporal, no deja de suponer un retroceso en la implementación del Nuevo Sistema Penal Acusatorio, diseñado justamente para poner fin al recurso abusivo de la prisión preventiva en ausencia de pruebas conducentes contra los acusados.

Un segundo elemento de consideración se encuentra en el hecho –demostrado de manera reiterada por el fracaso de la lucha contra el narcotráfico– de que la criminalidad organizada no puede combatirse con expectativas razonables de éxito mediante el mero encarcelamiento de los delincuentes, sino atacando con decisión el lavado de dinero. En efecto, sería risible suponer que los recursos obtenidos por los huachicoleros puedan blanquearse en los mercados locales donde se venden los combustibles, pues su volumen necesariamente implica la concurrencia de estructuras financieras con las que únicamente cuentan bancos, casas de bolsa, constructoras, todas ellas estructuras financieras de enormes dimensiones y con un alcance territorial que claramente se ubica en los planos nacional y trasnacional.

Por último, no puede dejarse de investigar el posible papel de los distribuidores de gasolinas legalmente establecidos, ya que existen acusaciones creíbles de que algunos de ellos adquieren combustible robado, a montos menores de los que ofrece Pemex, con el fin de ampliar sus ganancias al venderla al público al precio oficial.

No está de más señalar que todas las acciones indicadas para poner fin al quebranto del erario causado por el ilícito en cuestión pueden emprenderse sin necesidad de modificación legal alguna. En suma, la constante reforma y adecuación de las leyes no pasará de ser un mero acto de simulación de cara a la ciudadanía mientras se encuentre ausente la voluntad política para hacer valer las normas que ya se encuentran vigentes.

Nota retomada de la jornada