El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España por no llevar “a cabo una investigación efectiva” en el caso de una mujer que fue agredida por agentes de Policía en el marco de las protestas que tuvieron lugar en 2012. Ese año, se sucedieron las manifestaciones contra los recortes en los servicios públicos anunciados por el Gobierno de Mariano Rajoy, en una época en que se desarrolló la política de austeridad de la Unión Europea (UE) tras el estallido de la crisis económica de 2008.
Los hechos se remontan al 29 de septiembre de 2012, cuando tuvo lugar una de las manifestaciones con el lema ‘Rodea el Congreso’. La demandante participó, junto con un par de amigas, en la protesta contra la aprobación de las cuentas públicas por parte del Ejecutivo. Tras la manifestación, y debido a la escalada de violencia entre manifestantes y fuerzas del orden, las tres mujeres se refugiaron en un bar.
Después de que unos manifestantes no identificados volcaran contenedores de basura en la calle donde se encontraba el establecimiento hostelero, lo que provocó varias intervenciones policiales, agentes de Policía entraron en el bar y evacuaron por la fuerza a varias de las personas que se encontraban allí, incluida la denunciante, G.J. López Martínez, tras lo que abandonaron el lugar sin realizar ningún arresto ni identificación de los evacuados. Según la demandante, los agentes de Policía la obligaron a salir del bar, la golpearon, la empujaron y la humillaron.
El 18 de octubre, López Martínez presentó una denuncia ante un juez de instrucción de Madrid, a la que se unió otra denuncia de una amiga suya, y fue acompañada de un informe de los servicios de urgencia de un hospital que detallaba que la denunciante había sufrido un traumatismo craneoencefálico y múltiples hematomas. La denuncia incluía el nombre de tres testigos, mencionaba la grabación de los hechos por un canal de televisión e indicaba el número de matrícula de un vehículo policial que se encontraba frente al bar.
A partir de ahí comenzó un complicado y largo proceso judicial, que ha llegado hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). El procedimiento penal contra tres policías por un delito de violencia contra las personas, que comenzó el 16 de abril de 2013, acabó sobreseído en febrero de 2014 porque el juez consideró que no existían pruebas de la comisión del presunto delito ni de la participación de los imputados.
Las apelaciones de la demandante fueron denegadas, tanto en la Audiencia Provincial, como ante el Tribunal Constitucional, al declarar improcedente el recurso por la ausencia manifiesta de vulneración de un derecho fundamental. En ningún caso se tomó declaración a los tres testigos propuestos, ni al superior de los agentes, ni a sus compañeros, ni se solicitaron imágenes complementarias al canal de televisión, como solicitaba la demandante.
El único resarcimiento logrado fue ganar una demanda de responsabilidad pecuniaria interpuesta ante el Ministerio del Interior que ordenó que se le pagasen 750 euros en concepto de daños e intereses, por los días que había necesitado para recuperarse de las lesiones. Ahora el TEDH ha ordenado que se le abonen otros 1.000 euros para resarcirle de los daños morales.
Hasta siete años de cárcel para 21 detenidos
Esta condena a España se conoce menos de dos semanas después de que la Fiscalía haya pedido entre tres años y ocho meses y siete años y cuatro meses de cárcel para 21 de los detenidos el 25 de septiembre de 2012, en la primera manifestación con el lema ‘Rodea el Congreso’, que tuvo lugar tan solo cuatro días antes de los hechos que denunció López Martínez.
El Ministerio Público acusa a los imputados de los delitos de desórdenes públicos, atentado contra agente de la autoridad, resistencia y falta de lesiones más de ocho años después de que sucedieran los hechos. En ese mismo tiempo no se han investigado las denuncias de tortura y malos tratos que denunciaron haber sufrido 27 de los 35 detenidos que se produjeron en esa jornada.
Retomado: https://actualidad.rt.com/actualidad/385798-rodea-congreso-carcel-manifestantes-condena-espana