CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– La Fiscalía General de la República (FGR) tuvo varias oportunidades para evitar la liberación de los ocho militares implicados en el caso Ayotzinapa, pero al final sólo argumentó que los delitos por los que están acusados merecen prisión preventiva oficiosa, esperando que fuera ratificada en automático.
Por ello, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro (Centro ProDH) considera que la resolución de la juez segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, Raquel Ivette Duarte Cedillo, dictada el pasado 20 de enero, es el resultado de un trabajo deficiente por parte de la FGR en el caso Iguala.
En entrevista, María Luisa Aguilar, quien forma parte del acompañamiento victimal que realiza el Centro ProDH a los padres de los 43 normalistas, explica que las deficiencias en la actuación de la FGR fueron observadas por la ONG desde la renuncia del anterior fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, y la posterior designación de Rosendo Gómez Piedra al frente de la Unidad.
“Hay un trabajo muy deficiente de la fiscalía, esto proviene del nombramiento del fiscal especial en el caso, después de la renuncia del fiscal (Omar) Gómez Trejo hace más de un año. Desde ahí nosotros fuimos muy claros en decir que nos preocupaba que fuera una persona que no conocía el caso, que no conocía del trabajo en la fiscalía de Investigación de Violaciones graves a Derechos Humanos y cada vez más nos damos cuenta de eso”, afirma.
“La fiscalía no logró acreditar el riesgo de fuga que podría enfrentar los elementos del Ejército, no pudieron justificar por qué era necesario que se mantuviera la medida cautelar y, de acuerdo con lo que ha informado el propio Consejo de la Judicatura Federal, incluso no interpusieron recursos en el proceso en el que los elementos estaban solicitando el cambio de la medida cautelar”.
Cuando los militares solicitaron a la juez Duarte que revisara la medida de prisión preventiva oficiosa que les fue impuesta, con miras a que la misma fuera modificada, la FGR tuvo una primera oportunidad para justificar la necesidad de mantener a los elementos castrenses privados de su libertad.
Aguilar explica que, en esa primera audiencia, la FGR argumentó únicamente que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas merecen prisión preventiva oficiosa.
“Desde el primer momento la fiscalía no hizo un trabajo para justificar el riesgo de fuga de los elementos del Ejército (…) En su momento la fiscalía solicitó la prisión preventiva oficiosa y no justificó por qué, si no se dictaba esta medida, tendría que aplicarse la prisión preventiva justificada”, explica la abogada.
Y prosigue: “Señalaron que el Código (Penal) lo establece así (la aplicación de la prisión preventiva oficiosa) para delincuencia organizada y desaparición forzada, y en ese momento todavía no se revisaban algunos criterios que están vigentes ahora”.
Criterios sobre la prisión preventiva
Desde 2022 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) resolvió que la prisión preventiva oficiosa aplicada de manera automática, como se hace en México, con base en el delito que se imputa a la persona, es contraria a los derechos humanos y, por tanto, inconvencional.
El criterio de la CorteIDH ya fue ratificado también por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que estableció que los jueces deben revisar esta medida cautelar y tomar en consideración las particularidades de cada caso para determinar si es posible o no su aplicación y/o continuación, en lugar de aplicarla de manera automática.
Retomado: https://www.proceso.com.mx/nacional/2024/1/24/centro-prodh-la-fgr-pudo-evitar-la-liberacion-de-los-militares-del-caso-ayotzinapa-322668.html