CHILPANCINGO, Gro. (Proceso).- La constante del Ejército en 50 años en Guerrero es su implicación en casos de violaciones graves de derechos humanos, la gran mayoría sin castigo, pero también la impunidad que le han otorgado el fuero militar y el Estado mexicano, asienta el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Otra característica es que las familias de las víctimas han buscado la justicia en instancias internacionales, en las que el Estado mexicano ha sido sentenciado o señalado por estos abusos, considera la organización civil.
En la Guerra Sucia de los 60 en la entidad, recuerda el investigador Gabino Solano Ramírez, el Ejército desplegó actividades muy parecidas a otras expresiones autoritarias en América Latina, e incrementó su presencia cuando Guerrero se convirtió en un productor internacional de amapola.
No obstante, para el académico hoy las Fuerzas Armadas son “una necesidad” ante la ausencia de una policía civil confiable “y para tener una falta mucho” y la presencia cada vez mayor de los poderes fácticos en la vida diaria.
Desde el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el abogado Isidoro Vicario Aguilar ha conocido de cerca casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por soldados en esa región y en la Costa Chica.
Considera lamentable que en Guerrero muchos casos donde el Ejército es partícipe de agresiones a los derechos humanos se están quedando en la impunidad, ya que es difícil que se toque a esa institución.
“Recordemos el caso de Rosendo Radilla Pacheco, que el 25 de agosto de 1974, durante la llamada Guerra Sucia, fue desaparecido en Atoyac de Álvarez y donde están involucrados militares como responsables”, dijo.
Se cumplieron 50 años de la desaparición de Rosendo Radilla, recordó el activista, pero fue hasta 2009 cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) responsabilizó al Estado mexicano por la violación a los derechos humanos del campesino.
Por otro lado, está el caso de El Charco (comunidad del municipio de Ayutla de los Libres), donde el 7 de junio de 1998 fueron asesinados 11 campesinos. “De ese caso tampoco ha habido justicia y hay una participación directa de elementos del Ejército”.
Por esta masacre, indicó el abogado de Tlachinollan, la petición formal presentada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya ha sido admitida.
“Del informe que rindió el Estado mexicano se advierte que no se inició ninguna investigación, ninguna averiguación previa, mucho menos una carpeta de investigación en contra de los efectivos del Ejército que planearon y participaron en la incursión y ataque armado en El Charco. Sin embargo, sí hay varios expedientes abiertos en contra de los habitantes de la comunidad”.
Isidoro Vicario mencionó que entre los más recientes episodios se encuentran los de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, que fueron agredidas sexualmente por elementos del Ejército en distintos eventos ocurridos en el año 2002.
“En México tampoco las compañeras lograron obtener justicia; esos casos llegaron al sistema interamericano (Corte IDH), se presentó como un asunto formal y se obtuvo una resolución de fondo”.
RETOMADO: https://www.proceso.com.mx/nacional/2024/9/27/militares-en-guerrero-50-anos-de-impunidad-337489.html