Protesta social y derechos humanos

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Retomado del  Periódico Proceso……………………………………..

……………………………………CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Las protestas sociales en América Latina fueron la nota dominante en el segundo semestre del año 2019. Uno de los casos más visibles ha sido el de Chile, en donde protestas sociales de larga duración han puesto en duda supuestos, que se creían firmemente establecidos, sobre el éxito económico y político de se país.

Una preocupación recurrente frente a la situación existente ha sido el avance o retroceso en materia de derechos humanos. ¿Se verá en el futuro próximo una mejoría en la situación de los derechos humanos en ese país? ¿o la respuesta del Estado a las protestas sociales conducirá, inevitablemente, a un retroceso en la materia?

El Informe recién dado a conocer por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que a solicitud del gobierno chileno organizó una visita a ese país entre el 25 y 31 de enero proporciona un material interesante para responder a las preocupaciones anteriores.

El documento permite tomar conciencia de la fragilidad de las instituciones democráticas en Chile cuando una protesta social intensa, como ha sido la que se inició el 18 de octubre del año pasado, revive tendencias represivas que subsisten desde los años de la dictadura. Un buen ejemplo para ilustrar ese fenómeno es el comportamiento del cuerpo de Carabineros de Chile que ocupa un papel notorio en la utilización excesiva del uso de la fuerza, así como en prácticas condenables, violatorias de los derechos humanos, al ocurrir detenciones masivas para contener las protestas.

La Comisión hace notar que Chile ha registrado elevadas tasas de crecimiento económico y alcanzado logros en la reducción de la pobreza y cobertura de servicios sociales muy notorios. Asimismo, tiene niveles de institucionalización democrática sólidos que han permitido conocer y procesar las demandas que se han presentado con motivo de la represión de las protestas sociales.

Sin embargo, la existencia de tales instituciones no es suficiente para superar problemas ancestrales de desigualdad y exclusión. En efecto, existe un amplio resentimiento, entre los sectores más pobres, así como en amplios sectores de clase media, por las consecuencias de procesos de privatización que han encarecido, o hecho imposible, el acceso a educación de calidad, servicios de salud o pensiones dignas. El tema del medio ambiente se ha vuelto cada vez más difícil de manejar por los habiantes de las llamadas “zonas de sacrificio ambiental”, que padecen, entre otros problemas, una muy seria escasez de agua.

Las circunstancias anteriores son los “problemas ocultos” de Chile. Por una parte, éstos no se reflejan en los buenos índices de crecimiento que por muchos años han permitido calificar a ese país como uno de los ejemplos más exitosos en América Latina. Por la otra, contribuyen a explicar la profundidad y duración de la crisis social que se desató a partir de octubre del año pasado.

El punto central del Informe de la Comisión, encaminado hacia los problemas de derechos humanos, se encuentra en la sección relativa a la respuesta del Estado frente a la movilización social. De acuerdo con la CIDH, ésta “se caracterizó por la represión mediante un uso desproporcionado de la fuerza y conductas repetitivas de violencia en contra de los manifestantes que resultó en un número elevado de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos”.