Pachuca, Hgo. (La Jornada).- Este domingo se celebró el primer matrimonio igualitario en el estado de Hidalgo, informó Yolanda Molina, vocera de la agrupación Frente de Diversidad Sexual en la entidad.
Sin revelar los apellidos, la agrupación informó que “René” y “Ricardo” contrajeron matrimonio “en cumplimiento a las primeras sentencias de amparo en el marco de la sentencia de la Suprema Corte que declaraba la inconstitucionalidad de los artículos 8, 11 y 143 de la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo”.
El pasado 29 de septiembre, en sesión celebrada el miércoles la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los artículos 8, 11 y 143 de la Ley para la Familia del estado de Hidalgo son inconstitucionales por ser discriminatorios.
Esto a dos años de que seis personas lesbianas y homosexuales residentes del estado interpusieron un amparo colectivo contra el contenido de estos artículos al señalar que eran discriminatorios pues su redacción solo permite la unión conyugal entre personas de sexos opuestos al señalar que el matrimonio civil tiene como fin, procrear hijos.
De acuerdo a la agrupación México Igualitario el juicio de garantías se interpuso el 14 de agosto de 2014 y que el fallo hace un llamado a las autoridades del estado de Hidalgo para que tomen en cuenta que estos artículos vulneran los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual y por tanto van contra la Constitución y los Tratados Internacionales.
Así, a estás seis personas no se les deberá aplicar estos artículos violatorios de derechos humanos ni en el presente ni en el futuro.
Según la agrupación en esta misma sesión se resolvieron otros dos amparos colectivos, uno de Nuevo León y otro de Chiapas; con los cuales la SCJN reafirma la postura que ha tenido desde 2012 cuando se resolvieron los primeros amparos sobre matrimonio igualitario además con estás últimas decisiones envía un mensaje claro que el respeto a los derechos humanos no obedece a la voluntad de las mayorías, sino al cumplimiento de un mandato establecido en la Constitución y los tratados internacionales.