Congreso legisla en materia de adquisición, arrendamiento y servicios de entidades paraestatales

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dip8gerSan Raymundo Jalpan, Oaxaca, 14 de Enero de 2016.- Con el objetivo de armonizar el marco jurídico vigente en materia de adquisición, arrendamiento y servicios de las entidades paraestatales, el Pleno de la LXII Legislatura, aprobó por unanimidad el decreto emitido por la Comisión Permanente de Hacienda del Congreso Estatal por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley de Entidades Paraestatales.

 

La Presidenta de la Comisión de Hacienda, Leslie Jiménez Valencia, manifestó que con las modificaciones realizadas, los órganos de gobierno de las entidades paraestatales sólo serán informados de los avances de la gestión financiera, con lo que se cumple con diversos ordenamientos estatales.

La legisladora, aseguró que en el decreto se establece que es competencia única del Poder Ejecutivo del Estado la contratación de empréstitos, además la Secretaría de Administración estará a cargo del Registro de Entidades Paraestatales; ello, en virtud de que es una obligación que le impone la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.

Subrayó, que en dichas modificaciones se establece que la recepción de recursos federales se debe de realizar en cuentas bancarias productivas específicas, tal y como lo prevé la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y por ende, debe de ser obligatorio que las entidades paraestatales expidan comprobante fiscal digital.

La diputada, detalló que en el dictamen aprobado se impulsan mecanismos de evaluación del desempeño, con el objetivo principal de conocer los avances y cumplimiento de objetivos establecidos en la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Jiménez Valencia, destacó que con los cambios realizados el Titular del Ejecutivo contará con la facultad de solicitar al Congreso Estatal la fusión, extinción o desincorporación de entidades paraestatales, cuando estas hubieren cumplido con su objetivo, se determine que no tienen impacto social, o ya no resulten sostenibles para la hacienda pública.

 

 

 


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