La estrategia “Operación Monarca”, integrada por senadores de la República de distintas fuerzas políticas, solicitó al Gobierno Federal destinar mil millones de pesos para la atención a migrantes que radican en Estados Unidos, ante la llegada de Donald Trump al gobierno y su política xenofóbica antimigrante.
En conferencia de medios, los senadores Pablo Escudero Morales (presidente del Senado), Gabriela Cuevas Barrón, Juan Carlos Romero Hicks, Jesús Casillas Romero, Benjamín Robles Montoya y Armando Ríos Piter, anunciaron la ruta de defensa “anti Trump” y presentaron tres iniciativas de ley para dar protección jurídica a la comunidad migrante en Estados Unidos.
El senador por Oaxaca Benjamín Robles Montoya explicó que los mil millones de pesos para atención a las personas migrantes podrían tomarse de parte del dinero que reintegró el Instituto Nacional Electoral (INE) a la Federación, y serían para implementar proyectos productivos, educativos y capacitación ante posibles deportaciones masivas.
El también Comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo (PT) en Oaxaca destacó el trabajo legislativo que se ha hecho y se pretende concretar en nuevas leyes en favor de las y los migrantes.
El oaxaqueño refirió que esta situación es resultado del primer acercamiento que tuvieron en el estado de California con organizaciones no gubernamentales, grupos de migrantes, Confederaciones, Iglesias, Universidades, legisladores y autoridades locales.
“Nuestros migrantes hoy viven una enorme incertidumbre por la amenaza de deportaciones y políticas en su contra, lo que requiere de acciones concretas por parte del Estado Mexicano”, enfatizó.
Los que integran “Operación Monarca”, dijo, son senadores y senadoras que representan a entidades con una fuerte migración hacia la Unión Americana como: Zacatecas, Michoacán, Puebla, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Guerrero y Oaxaca.
La elaboración de estas tres iniciativas fue un trabajo coordinado entre el presidente del Senado, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y los presidentes de las Comisiones de Educación, así como de Población y Desarrollo.
Con ello se fortalecerán los mecanismos para garantizar protección jurídica a las y los mexicanos que residen en el exterior, por parte de la red consular que coordina la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Se modificará la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para garantizar que los consulados administren la totalidad de los ingresos recaudados y puedan destinarlos a dar información y asistencia jurídica.
Y se presentarán modificaciones a la Ley de Educación para que se armonice el marco jurídico actual, con el fin de facilitar la revalidación de los estudios realizados en el extranjero, por parte de aquellos connacionales que retornen a nuestro país.
Por último, se promueven cambios a la Ley de Población que priorizan que el Estado mexicano establezca una política de reinserción social y económica, de nuestros connacionales en retorno, que contribuya al desarrollo nacional.
Los senadores solicitaron una mesa de diálogo a la brevedad con la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), especialmente con los 10 estados con mayor índice de migración.